Sólo 5 Estados miembros han traspuesto a sus ordenamientos jurídicos el nuevo marco regulador aplicable a las comunicaciones electrónicas, instaurado por la Directiva 2002/21/CE. La Comisión Europea acudirá al poder judicial para denunciar la tardanza de los Estados miembros que han incumplido su obligación, entre los que figura España.
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