Pekín ha anunciado a través del vicepresidente de su Tribunal Supremo, que adoptará una nueva ley por la que las ventas superiores a unos 5.000 euros y los beneficios superiores a unos 3.000 por la venta de productos falsificados de marcas registradas serán considerados como "venta a gran escala". De este modo, los implicados deberán enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años. El Gobierno chino ha tomado esta decisión ante las protestas de Estados Unidos y Europa que pretenden evitar la comercialización a gran escala de falsificaciones exactas a las originales de grandes marcas y de precio diez veces inferior.