El Parlamento Europeo ha adoptado un informe para simplificar el reglamento Roma II, que pretende garantizar que todos los Estados miembros apliquen las mismas leyes en los casos de delitos transfronterizos que impliquen obligaciones no contractuales. El objetivo de esta modificación es facilitar la aplicación de la normativa que rige los litigios entre ciudadanos de diferentes países europeos, en conflictos como accidentes de coche, violaciones de la legislación medioambiental y accidentes causados por productos defectuosos.