El Consejo de Ministros de España ha autorizado la firma de dos convenios de extradición y traslado de personas condenadas con la República Popular de China, lo que convierte a España en el primer país de la Unión Europea en lograr un acuerdo en este ámbito con el país asiático, que podría servir de marco para futuras negociaciones con otros Estados miembros. El Tratado de extradición excluye cualquier acto relacionado con el terrorismo de la lista de causas habituales de denegación de traslado y garantiza de manera específica el respeto a las exigencias constitucionales relativas a la pena de muerte y los tratos inhumanos o degradantes.
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