La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por negarse a modificar una disposición de una ley de 1999, conocida como "ley [Rodrigo] Rato", por el entonces ministro de Economía que la impulsó, que limita los derechos de voto de las inversiones de empresas estatales en el sector de la energía. Esto, según las autoridades comunitarias, vulnera el artículo 56 del Tratado CE que establece la libre circulación de capitales en la UE. El primer aviso del Ejecutivo comunitario a las autoridades españolas tuvo lugar en el año 2001.