El grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre sobornos ha puesto en duda la implementación en Turquía de la Convención Anti-Soborno. A pesar de haberla firmado en 2000, el Gobierno turco todavía tiene que poner en marcha los elementos clave de la Convención. La OECD ha llamado la atención sobre este asunto, recomendando a Ankara que tome medidas "de manera urgente" y conciencie a su población sobre las consecuencias de la práctica del soborno.