El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no le ha dado la razón a RENTA, la empresa de alquiler de edificios comerciales e industriales por lo que deberá seguir pagando el impuesto sobre transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La compañía había presentado una reclamación al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña para que le devolviera el pago de estas tasas.