La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy en Bruselas mandar una carta al Gobierno cántabro y a los ayuntamientos implicados para pedirles que den una solución apropiada al asunto de los planes de derribo de viviendas declaradas ilegales en cinco municipios de la región. Los afectados se sienten totalmente desamparados. Afirman que las casas contaban con todas las autorizaciones legales cuando las adquirieron y que, más tarde fueron declaradas ilegales por su impacto en el paisaje. Los propietarios pueden perder los hogares que todavía están pagando.