La Comisión Europea requirió en 2004 a France Télécom que devolviese las ayudas estatales que recibió entre 1994 y 2002, pero las autoridades francesas y la empresa impugnaron la medida. Hoy el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado la decisión, por lo que la empresa deberá reembolsar al erario público cerca de 1.000 millones de euros.
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