Cuando un jefe de Estado o de Gobierno pretende viajar a otro Estado miembro en calidad de mandatario, entra dentro de las funciones del servicio diplomático y no puede acogerse a la libertad de movimiento para la ciudadanía. Es la conclusión del abogado general de la UE sobre el caso de László Sólyom, presidente húngaro, al que Eslovaquia impidió acceder a su territorio en 2009.
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