Entre 2008 y 2010 el tráfico de personas en la UE aumentó un 18% y principalmente afectó a mujeres utilizadas para el comercio sexual. Sin embargo, las detenciones de sospechosos han disminuido un 13% en ese período. El Ejecutivo comunitario achaca estos datos a que solamente seis Estados miembros han aplicado la legislación europea contra esta lacra.
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