El Tribunal General de la UE ha desestimado los recursos interpuestos por España contra la decisión de la Comisión que obligaba a Cataluña y la Comunidad Valenciana a devolver parte de los Fondos de Cohesión debido al “incumplimiento de las normas de contratación pública”. También ha mantenido una sanción relativa a Andalucía impuesta por el mismo motivo.
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