España ha recurrido ante el Tribunal General de la UE la decisión de la Comisión Europea, que en junio declaró ilegales las ayudas estatales para llevar la red de Televisión Digital Terrestre (TDT) a zonas remotas del país. El Gobierno central, el País Vasco, Navarra, Galicia y Cataluña han apelado para evitar que los operadores tengan que devolver los 260 millones de euros del subsidio estatal.
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