La Comisión Europea ha propuesto obligar a los proveedores a reducir un 6%, de aquí a 2020, la intensidad de las emisiones de efecto invernadero de los carburantes y otras fuentes de energía utilizadas para los vehículos. El objetivo de la medida es alinearse con las directrices de la Directiva de calidad de los combustibles aprobada en 2009.
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