Las empresas y los consumidores verán agilizados sus litigios transfronterizos gracias a la normativa comunitaria que entrará en vigor mañana y que, según las previsiones de la Comisión, supondrá un ahorro de 48 millones de euros anuales. Entre otras cosas, la nueva legislación suprime los procedimientos para obtener el reconocimiento de resoluciones judiciales fuera de la UE.
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