Hasta ahora, cada gobierno aplicada sus propias normas para regular las plataformas de economía colaborativa, como Uber o Airbnb. La Comisión ha presentado hoy unas líneas comunes para fijar los límites de este fenómeno en todos los Estados miembros y ha instado a los países a que revisen su normativa interna para trasponer estas medidas, cuya aplicación no es obligatoria. En España no hay ninguna regulación general para estas actividades.