Una política de empresa que exige a las trabajadoras musulmanas quitarse el velo islámico cuando están en contacto con clientes constituye una discriminación directa, según las conclusiones de la Abogada General de la UE. También considera ilegal adoptar un código de vestimenta totalmente neutro, a no ser que responda a intereses empresariales. Responde así al litigio entre una empleada musulmana y una consultoría informática en Francia.