El Tribunal de Justicia de la UE deja en manos de los Estados que emitan una petición de detención internacional la decisión de descontar o no de la pena a cumplir en el país de origen el tiempo que un preso haya podido pasar en una situación de “privación de libertad” en el país donde se le detuvo, es decir, no encarcelado. Responde así en la sentencia sobre el caso de un polaco extraditado del Reino Unido.