La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por dos casos: uno sobre el incumplimiento de una sentencia de la justicia europea sobre la gestión de aguas residuales, y otro por no cumplir las normas sobre el acceso a la profesión de transportista por carretera. Además, Bruselas ha mandado otros cuatro dictámenes motivados para que España cumpla y transponga Directivas atrasadas.