El Tribunal de Justicia ha declarado hoy que el Derecho de la Unión no restringe ni se opone a la normativa española que regula los aranceles a los procuradores. Así lo ha sentenciado a raíz de la consulta de dos tribunales españoles y ha recordado que la normativa española de 2010 limita a 300.000 euros la retribución total del procurador sobre el mismo asunto o proceso. Además, no considera que estos controles afecten al mercado interior de la UE.