El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha pedido al Tribunal General que revise su sentencia sobre la legislación española que permitía bonificaciones fiscales por compra de empresas extranjeras. Bruselas ya consideró la medida del Gobierno español como ayuda de Estado ilegal. La sentencia abre la puerta a recuperar las ayudas, lo que le podría costar a las compañías unos 8.000 millones de euros.