Bruselas respira aliviada. Las protestas masivas que han inundado Bucarest cada día desde el pasado martes han obligado al Gobierno de Sorin Grindeanu, a dar marcha atrás a un decreto que despenalizaba los casos de corrupción que se limitaran a un valor de 44.000 euros. La Comisión Europea ha evitado tener que pedir explicaciones públicamente a Rumanía y ha instado al Gobierno a avanzar en la lucha contra la corrupción.