El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido que las empresas no pueden monitorizar las comunicaciones electrónicas de sus trabajadores. En una sentencia de un caso de Rumanía, Estrasburgo considera que este espionaje es una violación de la vida privada y la correspondencia, contenido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
