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La Comisión Europea denegó en 2012 el registro de la iniciativa ciudadana por una “Europa solidaria”, que pedía la cancelación de la deuda helena en base al principio de estado de necesidad de un Estado miembro. Hoy, el Tribunal de Justicia ha ratificado la decisión de Bruselas alegando que la propuesta no encuentra base de la legislación comunitaria.
