La Comisión Europea ha hecho público hoy nuevo código de conducta para inversores que tiene la finalidad de evitar que las transacciones transfronterizas sufran una doble imposición. En muchas ocasiones los inversores pagan impuestos en el país en el que hacen la inversión, pero también en el país donde residen, algo que cuesta al año unos 8.400 millones de euros a las empresas, según el Ejecutivo comunitario.