El Ejecutivo comunitario amenaza con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no traspone cuatro directivas financieras: dos sobre los derechos de los clientes y productos de inversión, otro sobre requisitos de capital y supervisión bancaria, y una cuarta sobre inversión colectiva en valores inmobiliarios. Madrid tiene dos meses para transponerlas si no quiere acabar en la corte de Luxemburgo.