Según su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia de la UE reconoce que los escritos controvertidos no constituyen documentos jurídicos que queden excluidos de ser accesibles a los ciudadanos. Condena así una decisión de la Comisión mediante la cual negó a un ciudadano la posibilidad de acceder a un documento del que la institución tenía una copia.
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