Con el objetivo de dificultar la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, el Parlamento europeo y el Consejo han acordado la creación de un registro oficial de los propietarios de las empresas que tengan actividad en la UE y al que tendrán acceso las personas con “interés legítimo”, señala un comunicado de la Eurocámara. La Oficina de Transparencia Internacional se muestra escéptica ante la medida.
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