Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, ha enviado una lista con ocho propuestas a la Comisión Europea para asegurar el buen empleo de los 350.000 millones de euros destinados a políticas de cohesión en el periodo 2014-2020. Según ha explicado hoy, ha recibido denuncias que acreditan que estos fondos han sido utilizados para financiar programas que violan los derechos fundamentales.
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