Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ya estableció en noviembre que un Estado miembro puede denegar las prestaciones sociales a un ciudadano comunitario que no tiene empleo ni lo busca. Hoy, el Abogado General ha estimado, en relación al caso de una familia sueca en Alemania, que si la persona busca trabajo tampoco tiene derecho a estas ayudas.
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