Este martes comienza a despejarse la incógnita que pesa sobre uno de los líderes del independentismo y que podría sentar jurisprudencia en la cuestión de la inmunidad de los eurodiputados. El Abogado General de la UE deberá dar una respuesta a la cuestión prejudicial emitida por el Tribunal Supremo español. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, la Justicia europea sigue su dictamen en la gran mayoría de los casos.
Lluís Puig y Toni Comín, exconsellers de la Generalitat de Cataluña huidos a Bélgica, han quedado en libertad sin fianza después de presentarse ante el juez de instrucción belga. Sobre los dos políticos pesa una euroorden por malversación, que se une a la de sedición para Comín. En un plazo de 15 días el juez les debe notificar la fecha de la primera vista, mientras en paralelo reclaman que el proceso se unifique con el de Puigdemont.
Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha reactivado este martes las órdenes europeas de detención y entrega contra los ex consellers de la Generalitat Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, huidos en Bélgica y Escocia. El anuncio se ha producido tres semanas después de activarla contra Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat, que se encuentra a la espera de una vista judicial con la Fiscalía de Bruselas.
Carles Puigdemont, ex presidente catalán huido en Bélgica, ha quedado este viernes en libertad sin fianza después de comparecer, de forma voluntaria, ante la Fiscalía belga tras la activación de una nueva euroorden. El líder independentista ha mostrado su disposición a cooperar en la vista que tendrá lugar el próximo 29 de octubre. En paralelo, el juez Pablo Llarena ha emitido un comunicado en el que afirma que el líder catalán carece de inmunidad "porque no es eurodiputado".
El Tribunal Supremo ha reactivado la orden europea e internacional de detención y entrega contra Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña. El anuncio se ha producido horas después de conocer la sentencia del “juicio del procés” en la que los magistrados del Alto Tribunal han ratificado los delitos de sedición y malversación. Una decisión que volverá a poner a prueba a la Justicia española en el ámbito comunitario.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha condenado a Bélgica a indemnizar a los hijos de Ramón Romeo Rotaeche, una víctima de ETA. Según el fallo de la Corte, el Gobierno belga no cumplió “con la obligación de cooperar” con España para juzgar la participación del acusado. Sin embargo, aunque reconoce que es “legítimo” no extraditar a un acusado si hay sospechas de que puede sufrir “trato inhumano”, indica que “tal riesgo debe tener una base fáctica suficiente”.
Puigdemont y Comín no han encontrado el amparo que anhelaban de la justicia europea. El lunes, el Tribunal General de la UE desestimó las medidas provisionales solicitadas por los líderes independentistas para poder tomar posesión de sus escaños en la sesión constitutiva que tiene lugar este martes en Estrasburgo. La ciudad francesa ha amanecido entre ‘esteladas' con miles de catalanes a las puertas del Parlamento Europeo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por negar a un ciudadano sirio absuelto por un delito de violencia doméstica el contacto y reunificación con su hija menor, de la que lleva separado desde 2012. Según la Corte, la actuación de la Administración española incurría en la violación del artículo 8 de la Convención Europea de DDHH sobre el respeto a la vida privada y familiar. Tras este varapalo judicial, España deberá reexaminar el caso.
La Comisión Europea ha decidido este jueves sentar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por aplicar sanciones “desproporcionadas y discriminatorias” a los contribuyentes españoles cuando no notifican sus activos en el extranjero. Las multas del 150% de la cantidad a declarar pueden “disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único”, apunta Bruselas.
Ya no hay dudas. Este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la introducción del registro de jornada obligatorio, en vigor en España desde hace tan solo dos días. El tribunal ha resuelto que, para garantizar los derechos fundamentales del trabajador, es necesario “un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral” y por ende, las horas extras realizadas.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE ha avalado este martes el negocio de Airbnb como un servicio de la sociedad de la información y, por tanto, no debe someterse a la normativa inmobiliaria como demandaba un grupo de hosteleros franceses. La opinión del abogado, aunque no vinculante, supone un impulso para la empresa estadounidense en la batalla legal que lleva meses desarrollando en suelo europeo.
El barómetro anual que ha publicado este viernes la Comisión Europea sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían más de la justicia. Esto supone un descenso de dos puestos respecto al sondeo del pasado año analizado, cuando España ocupó el sexto lugar. Actualmente, solo Croacia, Eslovaquia y Bulgaria obtienen resultados más negativos.
El Abogado General de la UE ha propuesto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) multar a España para que pague 106.000 euros diarios por no adoptar la Directiva europea sobre defensa del consumidor en la Ley Hipotecaria. La Comisión Europea interpuso un recurso contra España por no haber incluido antes del 21 de marzo de 2016 las disposiciones necesarias para que la Directiva se aplicase en el territorio nacional.
El 15 de octubre de 2016, dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos en un bar de Alsasua, Navarra. Los detenidos fueron acusados de terrorismo y tres de ellos permanecen en prisión preventiva. Su caso ya ha pasado varias veces por Bruselas, pero este miércoles nueve eurodiputados han vuelto a recibir a sus familiares y amigos para expresar su solidaridad y denunciar lo que consideran “un juicio injusto”.
23 países, aunque la lista está “viva” y abierta a modificaciones. Bruselas ha publicado un conjunto de terceros países con riesgo de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo. Entre esos Estados está Panamá, Túnez o Irán. Vera Jourová, comisaria de Justicia, ha señalado que esta lista permite conocer con qué países hay “riesgo” para hacer transacciones bancarias. España ha sido uno de los Estados miembros que más reticencias ha mostrado con esta lista, que podría ser rechazada por el Consejo de la UE.
El debate político y social en España gira durante las últimas horas en torno a la polémica sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los clientes de los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. La polémica llega hasta la Eurocámara, donde eurodiputados de diferentes familias políticas no esconden su “estupor y preocupación” tras el controvertido y dividido fallo judicial.
El Consejo Nacional de la Magistratura polaca ha sido suspendido de la Red europea de Consejo de Justicia (RECJ) por su falta de independencia. Es un nuevo palo que recibe el país a raíz de la reforma judicial que también le ha costado al Gobierno la activación del artículo 7 por parte de la Comisión Europea.
El viceprimer ministro polaco ha asegurado hoy que Polonia no tendrá “otra opción” más que ignorar las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si esta toma una decisión contraria a la ley polaca para la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo (TS) polaco. Varsovia y Bruselas mantienen un pulso por las reformas del Gobierno del partido extremista Ley y Justicia (PiS).
Los descuentos a las compañías navieras para comprar buques de astilleros españoles tendrán que ser analizados de nuevo por el Tribunal General. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cree que esta estructura jurídica que permitía beneficios fiscales, y por lo tanto precios más bajos a las navieras, no es legal. La Comisión había concluido que estas medidas fiscales eran una “ayuda de Estado incompatible con el mercado interior”.
El enfrentamiento entre Irlanda y Polonia por una euroorden ha vivido este miércoles una nueva batalla en la justicia europea. Es el caso de un polaco con tres órdenes de detención europeas pero que alega que la reforma del sistema judicial de Polonia pone en peligro un proceso equitativo. La corte de Luxemburgo afirma que Irlanda puede “abstenerse” de cursar la euroorden por “deficiencias” en el poder judicial de un país en el que la justicia está en el punto de mira de la Comisión europea.
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