Los abogados de ambas partes del caso John Dalli han presentado hoy sus argumentos ante el Tribunal General de la UE en la vista previa a la sentencia final. José Manuel Barroso, jefe del Ejecutivo comunitario, testificó ayer y negó que en 2012 forzase la dimisión del excomisario de Salud, por su supuesta implicación en una trama de tráfico de influencias relacionado con una empresa tabacalera.
José Manuel Barroso, presidente del Ejecutivo comunitario, comparecerá el lunes como testigo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para declarar sobre la partida de John Dalli, excomisario de Salud. El maltés dejó su cargo en octubre de 2012 por su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias relacionado con una empresa tabacalera.
Los ministros de Justicia de la UE han llegado hoy en Luxemburgo a un acuerdo político para modificar las normas sobre insolvencia transfronteriza. El objetivo es facilitar la reestructuración de las empresas que necesiten financiación para que no tengan que ser liquidadas y evitar, así, que se destruya empleo. Ahora el Parlamento Europeo y los Gobiernos deberán dar el visto bueno al texto.
Un auto de sobreseimiento dictado en un Estado miembro se considera una resolución judicial firme. Por tanto, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE publicada hoy, impide la apertura de un proceso contra la misma persona y por los mismos hechos en otro país. De esta manera, un ciudadano italiano no puede ser juzgado en su país de origen porque ya lo ha sido en Bélgica.
La mayoría de los Estados miembros han aplicado incorrectamente la normativa sobre la circulación de exconvictos en la UE y la relativa a la coordinación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Lo indican dos informes publicados hoy por la Comisión Europea.
Alemania puede excluir de las prestaciones sociales para demandantes de empleo necesitados de asistencia a nacionales de otros Estados miembros, según las conclusiones publicadas hoy por el Abogado General del Tribunal de la UE. Para ello, debe demostrarse que los afectados no tienen un vínculo real con el país de acogida y que solo pretenden beneficiarse de una ayuda social.
El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE por sus siglas en inglés), ha publicado un manifiesto de cara a las próximas elecciones europeas con propuestas para mejorar las políticas judiciales de la UE. Una de las reclamaciones es que cese el espionaje a los ciudadanos por medios electrónicos.
Los Veintiocho han preparado la reunión de líderes europeos que se celebra esta semana en Bruselas y que tendrá tres puntos principales: la situación de Ucrania, las relaciones con África y la promoción del crecimiento y el empleo. Además, el Consejo de Asuntos Generales ha debatido la propuesta de la Comisión sobre el mecanismo contra las amenazas al Estado de Derecho.
La Comisión Europea ha presentado hoy la segunda edición de los marcadores de Justicia 2014, donde analiza los sistemas judiciales de los Estados miembros. El español es percibido como uno de los menos independientes y con más casos aún sin resolver.
La Comisión ha adoptado hoy un nuevo marco de actuación para afrontar las amenazas sistémicas al Estado de Derecho en la UE. La iniciativa establece el procedimiento de diálogo entre la institución europea y un Estado miembro para prevenir que éste pierda su derecho a voto en el Consejo en caso de “violación grave” de los valores comunitarios.
El Consejo de Justicia, al que ha asistido Alberto Ruiz-Gallardón, ministro español del ramo, ha adoptado hoy en Bruselas la estrategia de justicia ‘online’ europea para el periodo 2014-2018. El político español ha defendido, coincidiendo con el aniversario de la aprobación de la Constitución en el país, que esta solo se cambiaría “bajo un gran consenso”.
La Comisión Europea ha publicado un informe en el que analiza cómo los Estados miembros aplican la legislación comunitaria. A finales de 2012, había menos procedimientos de infracción abiertos que en años anteriores y se referían principalmente a medio ambiente e impuestos. España era el tercer país con más procesos, solo superado por Italia y Bélgica.
Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, ha confirmado que son los Estados miembros los que deben sancionar penalmente las incitaciones públicas a la violencia y el odio. Lo ha hecho en respuesta a una carta de varios eurodiputados españoles que le inquirían por la apología de regímenes autoritarios en el país ibérico.
Niilo Jääskinen, Abogado General de la UE, ha afirmado que las autoridades nacionales no pueden obligar a Google a que retire información, siempre que sea legítima y legal. También recuerda que la Directiva de Protección de Datos no establece ningún derecho al olvido.
La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las normas de contratación de trabajadores en los principales puertos españoles. Según el Ejecutivo comunitario, podrían violar las normas de libertad de establecimiento.
El Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros ante la UE ha dado hoy luz verde a la nueva directiva europea sobre hipotecas, destinada a reforzar la protección y los derechos de los prestatarios. Por otro lado, Andalucía ha defendido esta mañana en el Parlamento Europeo su decreto antidesahucios como modelo para España.
El Abogado General, Melchior Wathelet, propone al Tribunal de Justicia de la UE que declare que el antiguo Estatuto de Trabajadores español viola el derecho comunitario. Considera que establece una diferencia de trato por razón de sexo en los permisos de maternidad y paternidad.
El Consejo puede congelar los fondos de aquellas personas que obstaculicen el proceso de paz de Costa de Marfil, siempre y cuando haya motivos fundados. Es el caso de Nadiany Bamba, segunda esposa del ex presidente del país, que tras conseguir la anulación de esta sanción, el Tribunal de Justicia de la UE ha ratificado la decisión del Consejo.
El Tribunal de Justicia de la UE ha señalado, a favor de la Comisión Europea, que el cambio en la normativa húngara que obliga a jueces, fiscales y notarios a jubilarse si tienen más de 62 años supone una discriminación por motivos de edad injustificada. Hasta el 31 de diciembre de 2011, podían permanecer en sus funciones hasta los 70 años.
Las heridas del franquismo han llegado al Parlamento Europeo. La hija y la nieta de un socialista fusilado durante al comienzo de la Guerra Civil han pedido a la Eurocámara que les ayude a encontrar los documentos necesarios para saber dónde se encuentran los restos mortales de su familiar y enterrarle dignamente.
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