El proyecto europeo adolece de política social común. En el catálogo del espacio europeo que nos hemos dado, el empleo o las prestaciones sociales en sus distintas formas o necesidades, pertenecen a la competencia prácticamente exclusiva de los Estados miembros. Salvo recomendaciones paternales e intentos fatuos de coordinación, las instituciones comunitarias no pintan gran cosa a la hora de dar cobertura en los asuntos de más trascendencia social a los ciudadanos europeos. Una buena retahíla de directivas están paralizadas y duermen en el limbo de los justos porque los Estados más poderosos, unas veces Alemania y otras Francia, salvaguardan su derecho nacional de legislar en las materias sociales.