Una propuesta de la presidencia semestral finlandesa parece abrirse camino en el mar de los sargazos en que se ha convertido la navegación de la construcción europea: vincular la recepción de fondos europeos al respecto al Estado de Derecho. Se trataría simplemente de no permitir que algún gobierno que se salte las reglas democráticas pueda beneficiarse de las ayudas que todos los ciudadanos europeos sufragamos. Estas nuevas reglas, ya aprobadas en la Eurocámara, deberían entrar en vigor en el presupuesto de la UE 2021-2027, que se continuará negociando en los próximos meses. Como es lógico, algunos miembros del Este han puesto el grito en el cielo, especialmente, aquellos como Hungría y Polonia que están inmersos en un proceso de expediente por parte de la Comisión y el Parlamento Europeo por haberse saltado populistamente a la torera las normas y los valores comunes que recoge el Tratado de la Unión.