La crisis provocada por la epidemia del COVID-19 está poniendo en jaque todas las estructuras institucionales de la Unión Europea y sus Estados miembros. Un auténtico batiburrillo competencial en el que el Tratado de la UE y la Constitución Española saltan por los aires en su articulado a cada decisión que los responsables políticos van tomando. En este sentido, llama la atención que el comportamiento del ámbito supranacional se circunscriba a un intento de consensuar medidas, en el más radical de los planteamientos confederales y, en España, se haya acabado planteando una desescalada, es decir, la vuelta a la actividad, con la provincia como ente protagonista. La Comisión, el Parlamento Europeo y las Comunidades Autónomas, son los convidados de piedra de este espectáculo de reformulación de los centros de poder. Hasta hace nada la batalla era por dotar de más capacidad al Ejecutivo y al Legislativo europeo, así como convertir a la Europa de la Regiones en un verdadero contrapoder de los Estados en la construcción del proyecto europeo.