El Tribunal Constitucional germano, Bundesverfassungsgericht, BVG o BVerfG, el órgano constitucional encargado del control de las leyes en la República Federal de Alemania, con sede en Karlsrhue, ha decidido paralizar la ratificación del fondo de recuperación y resiliencia, “Next Generation EU”, destinado a ayudar a los Estados miembro de la UE ante la crisis provocada por la pandemia. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, pues, desde hace años la alta magistratura alemana ha venido jugando este papel de contrapeso frente a la Cancillería respecto a las decisiones que representan una vía de solidaridad europea. Su función de control y fiscalización de las leyes de su país, le confiere esta personalidad de especie de Pepito Grillo jurídico que pone palos en la rueda de la construcción europea bajo el amparo de la defensa de los derechos de los ciudadanos alemanes. Si hace menos de un año se atrevió a oponerse al programa de compra de bonos del BCE, en plena pandemia y contra el criterio del Tribunal de Justicia de la UE, ahora suspende cautelarmente la firma del presidente alemán del decreto para la puesta en marcha de ayudas europeas por valor de 750.000 millones de euros.