Como era previsible el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado los recursos de los gobiernos de Hungría y Polonia contra la norma de condicionalidad impuesta por la Comisión Europea. Bruselas decidió paralizar la llegada de fondos europeos a los dos Estados miembro, mientras sus gobiernos no solventen los expedientes abiertos ante la vulneración de derechos fundamentales por los Ejecutivos de Budapest y Varsovia. De esta forma, los ultranacionalistas Orbán y Morawiecki, deberán decidir si reculan y decaen sus legislaciones contra la independencia judicial, contra la libertad de prensa, contra los colectivos LGTBIQ y un largo etcétera de agresiones a los principios y valores democráticos europeos y si persisten en su actitud sobrevivir sin ayudas europeas o abrir la puerta de salida de la UE al estilo británico. El problema de ambos países es que fuera de la Unión su situación geopolítica pasaría a depender de la órbita de influencia rusa, lo que en Polonia es inaceptable y en Hungría provocaría una división de la población muy grave.