En marzo de 2020, en plena pandemia del Covid-19, las instituciones europeas acordaron dejar en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, las reglas fiscales de control del gasto y déficit público en los Estados de la UE. Se trataba de permitir que pudieran reaccionar rápidamente y adoptar medidas de emergencia para mitigar el impacto económico y social de la crisis. La acción política coordinada amortiguó el golpe económico y preparó el camino para una sólida recuperación en 2021. Todo hacía pensar que a finales de este año Bruselas volvería a la ortodoxia presupuestaria y los recortes acabarían con las alegrías expansivas de inversión pública. Sin embargo, Putin se ha encargado con su invasión de Ucrania de alargar el periodo de barra libre para las teorías keynesianas, que en esta ocasión pretenden esquivar el riesgo de estanflación – inflación sin crecimiento – y la consiguiente pérdida de empleo en los 27.