El informe anual de 1997 sobre la aplicación de la normativa comunitaria en los Estados miembros revela un notable incremento, del 23%, en el número de procedimientos de infracción iniciados por incumplimiento de la ley. La vigilancia de la Comisión Europea convence sin embargo a ciudadanos y empresarios, que acuden cada vez más al ejecutivo comunitario para hacer valer sus derechos: el número de quejas ha aumentado un 17%. Para España, hubo más cartas de emplazamiento pero menos dictámenes motivados y envío de expedientes al Tribunal de Justicia.