Los acuerdos medioambientales voluntarios entre los poderes públicos y la industria, aunque pueden ser útiles, no deben sustituir a la legislación existente en este ámbito. Esta es la posición que defiende la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo, que ha elaborado un informe al respecto sobre la base de una comunicación de la Comisión Europea relativa a acuerdos medioambientales.
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