Las autoridades españolas tienen un plazo de un mes para enviar a la Comisión Europea toda la información requerida sobre las ayudas a Trasmediterránea. En concreto, el ejecutivo tiene serias dudas sobre la transparencia en la concesión del contrato para continuar el servicio de algunas líneas marítimas entre la península y las islas españolas, así como sobre la duración del contrato. Además, la decisión del ejecutivo de investigar estas ayudas implica directamente la suspensión del pago de las subvenciones, e incluso podría suponer el futuro reembolso, con intereses, de toda cantidad ilegalmente concedida.