La política de competencia es el instrumento a través del cual se protegen las ventajas que ofrece el mercado único. Se pueden establecer dos objetivos básicos: por una parte, crear un entorno favorable para el desarrollo empresarial que facilite el crecimiento económico y la creación de empleo y, por otra, garantizar a los consumidores productos de calidad a precios competitivos. Durante 1996, los nuevos asuntos tramitados fueron ligeramente inferiores a los del año anterior, pero superiores en un 15% a los del año 1994. La lucha contra los acuerdos restrictivos de la competencia (cárteles) sigue siendo una de las prioridades de la Comisión. En cuanto a las ayudas estatales, la Comisión pretende establecer una disciplina estricta, por lo que se ha incrementado considerablemente el número de decisiones negativas en este campo. En el control de las operaciones de concentración, el número de decisiones tomadas ha sido también mayor que en 1995,