La Comisión Europea enviará un dictamen motivado a España (segundo paso del procedimiento de infracción) por una disposición de su Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su parecer, es discriminatoria e impide la libre prestación de servicios. Se trata de la obligación que tienen los nacionales de otro Estado miembro en nuestro país de presentar, en caso de que entablen un juicio, una garantía sobre los gastos y honorarios del abogado. Los nacionales españoles, sin embargo, no han de cumplir este requisito. Alemania también recibirá un dictamen motivado por el mismo motivo.