Los astilleros españoles no ganan para sustos. A los problemas derivados de la falta de nuevos contratos se le suma desde hoy una nueva investigación de la Comisión Europea por posibles ayudas públicas. Los servicios de la Competencia del Ejecutivo comunitario creen que la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) podría haber inyectado alrededor de 2.000 millones de euros en aportaciones de capital y préstamos en el período 1999-2002, lo que no sería compatible con las normas de la UE en materia de ayudas a la construcción naval que ya fueron prohibidas por el Consejo de ministros de la UE.