España es uno de los 10 Estados miembros de la UE contra los que la Comisión Europea ha iniciado un proceso judicial por no haber notificado, en el plazo debido, la incorporación a su legislación nacional del paquete de infraestructura ferroviaria de 2001, por el que se abre el mercado de servicios de transporte internacional de mercancías por ferrocarril.
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