La Comisión Europea ha decidido emprender medidas legales contra Bélgica, Italia, España y el Reino Unido para que cumplan la legislación comunitaria que exige realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) a determinados proyectos públicos y privados, antes de ser autorizados, cuando se cree que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente. Su objetivo es determinar y describir los efectos medioambientales de los proyectos y evaluar si conviene aplicar medidas preventivas o de atenuación.