La transposición española de la directiva comunitaria sobre grandes instalaciones de combustión, que fija límites a las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y partículas procedentes de estas plantas, se incorporó ayer a la legislación española, con dos años de retraso. Los requisitos de esta normativa deberán ser cumplidos por las grandes compañías eléctricas y petroleras a partir del 1 de enero de 2008.