Los inmigrantes regularizados en España durante el proceso iniciado el pasado 7 de febrero y culminado el 7 de mayo no podrán establecerse ni trabajar en otros Estados miembros en un período de cinco años. Hasta entonces la única posibilidad de moverse en el interior de la Unión Europea será como turistas. La Comisión Europea reconoce que este tipo de procesos tiene aspectos positivos y negativos, pero insiste en que la gestión de la inmigración legal es cuestión de los Estados miembros.