La polémica ha vuelto a rodear esta mañana en Bruselas al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por disponer de cinco guardaespaldas que no pertenecen a las fuerzas de seguridad del Ejecutivo comunitario, sino a la Policía de Seguridad Portuguesa, y que son pagados por el Gobierno luso y por la Comisión. Según han afirmado fuentes comunitarias, los cinco agentes reciben un total de 6.000 euros mensuales del Gobierno de Lisboa, para garantizar sus pensiones, y un salario de la Comisión que no está permitido por la legislación comunitaria que regula el estatuto de los funcionarios europeos.