La Comisión Europea ha adoptado medidas para endurecer los criterios que sigue a la hora de elaborar sus propuestas en cuanto al impacto de las mismas para los ciudadanos, las empresas y los organismos públicos. El nuevo documento en el que se revisan las actuales directrices establece orientaciones más claras en materia de economía y de competitividad, e, incluso, de derechos fundamentales. El Ejecutivo comunitario ha señalado que también se prestará atención a los costes administrativos potenciales.